Las organizaciones mexicanas que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto decidieron retirar su participación del mecanismo ante la falta de acción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer y castigar el espionaje contra activistas por el derecho a la salud.

El espionaje fue denunciado en febrero de 2017 con el informe Bitter Sweet: Supporters of Mexico’s Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links  en el que se explica cómo el Estado mexicano espió, a través de un malware infeccioso, a al menos tres defensores de derechos humanos y activistas que estaban promoviendo un impuesto a las bebidas azucaradas en dicho país.

 

La vigilancia ilegal fue empleada, a través de la instalación de software malicioso por medio de mensajes de texto, contra el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo; el coordinador de ContraPESO, Luis Manuel Encarnación, y el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera.

 

 

Los mensajes de texto llegaban con un link. Una vez la persona lo tocaba, se instalaba el malware Pegasus, comercializado por la firma NSO Group. Así, la entidad que espiaba tenía acceso a toda la información del celular, cámara, micrófono y GPS, entre otros.

 

Este caso fue denunciado a nivel nacional e internacional hace 3 meses por diversas organizaciones, como Citizen Lab, SocialTic y R3D, e incluso fue reportado por el diario estadounidense The New York Times, pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte del gobierno mexicano al respecto.

 

Sin embargo, el espionaje en México no se ve limitado a este caso puntual. Según el informe “El estado de la vigilancia, fuera de control”, elaborado por R3D, en México entre 2013 y 2015, se ha documentado la realización de 3.182 solicitudes de autorización
judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas.

 

Según R3D, la gran mayoría de las medidas de vigilancia se han llevado a cabo sin control judicial. Esto implica que muchas autoridades han ejercido la vigilancia, e incluso han adquirido millonarias capacidades tecnológicas altamente invasivas, sin siquiera tener facultades legales para ello, como lo explican en los siguientes gráficos, tomados del informe:

 








Ante esta realidad, las organizaciones de la sociedad civil que hacían parte de la Alianza, 
entre las que están IMCO, Artículo 19, CIDAC y SocialTic, decidieron dar un paso al lado y continuar trabajando por la agenda de gobierno abierto de manera independiente.