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Índice de Percepción de la Corrupción 2021

La percepción de la corrupción se estanca sin mejoras significativas en ninguna región.

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Publicado el 25 de enero de 2021. Por Laura Tamia Ortiz.

Transparencia Internacional (TI) ha presentado la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En él se registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, académicos y los empresarios respecto la corrupción del sector público en 180 países.

El Índice establece un ránking en el que una mayor puntuación señala una menor percepción de la corrupción, siendo 100 la mejor valoración posible. A la cabeza se sitúan Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con 88 puntos respectivamente. Al final de la lista se encuentran Somalia y Siria, con 13 puntos cada uno, y Sudán del Sur con 11 puntos, que repiten dentro de las puntuaciones más bajas del índice.

Ataques a los derechos humanos y problemas en la gestión de la pandemia

Los principales problemas identificados con el COVID-19 y los ataques a los derechos humanos. El informe señala que los países que son más complacientes en la lucha contra la corrupción tienen a vulnerar en igual medida de derechos humanos y a socavar la democracia. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción. No solo en los países con instituciones débiles, sino también en democracias establecidas. Se indica que si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad.

Según TI, la percepción de los niveles de corrupción en el mundo se han estancado en los últimos 10 años, sin mejoras considerables. El 86% de los países han permanecido igual o han empeorado su posición en el ránking en dicho periodo.

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Resumen del CIP de la Región de las Américas 2021. Vía Transparencia internacional.

La región de las Américas, con una puntuación media de 43 sobre 100 por tercer año consecutivo, sigue este mismo rumbo, los esfuerzos son insuficientes a pesar de la amplia legislación y un compromiso regional para controlar la corrupción (Compromiso de Lima, 2018). Hay más de 8 países con una bajada de más de 5 puntos en la última década.

El Salvador (34), ha sido señalado como país a observar, pues “podría consolidarse como una dictadura si se sigue socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos civiles y políticos.”

Destacan Uruguay con una puntuación de 73 puntos, que lo consolida como uno de los países mejor posicionados de la región, Paraguay, que ha incrementado 6 puntos en el ranking desde 2014 y Guayana, con un incremento de 11 puntos desde 2012.

Colombia: sin mejoras y con más violencia policial

Colombia ha obtenido 39 puntos sobre 100, y se coloca en el puesto 87 del total de países analizados, manteniendo su posición y puntuación en el ranking. No existen mejoras significativas en el país, por el contrario, en el anális regional que acompaña al Índice se señalan los serios excesos en el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones de 2019 y posteriores, así como las violaciones de los derechos de movilización, participación y protesta.

Un llamado a la acción

Transparencia internacional hace un llamado al público, al que nos unimos desde Datasketch, para que se exija a los gobiernos que cumplan con sus propios compromisos contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos a partir de cuatro recomendaciones que reproducimos a continuación:

  1. Defender los derechos que hacen posible pedir cuentas al poder: Los gobiernos tienen que revocar todas las restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, es prioritario que se haga justicia respecto a los asesinatos de defensores de los derechos humanos.
  2. Restituir y reforzar la supervisión del poder: Las instituciones públicas de supervisión, como los organismos anticorrupción y de auditoría, deben tener la independencia, financiación y autoridad necesarias para detectar y sancionar irregularidades. Los parlamentos y tribunales deben vigilar al poder ejecutivo para impedir cualquier extralimitación.
  3. Combatir la corrupción transnacional: Los gobiernos de las economías avanzadas deben corregir las fallas sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o quede impune. Hay que subsanar las lagunas legales, regular a los profesionales que facilitan el delito financiero y asegurar que los corruptos y sus cómplices no escapen de la justicia.
  4. Defender el derecho a la información sobre el gasto público: Dentro de las medidas de recuperación de la covid-19, los gobiernos deben cumplir el compromiso que asumieron en la declaración política de UNGASS, firmada en junio de 2021, de incluir garantías contra la corrupción en los procesos de contratación pública. Máxima transparencia en el gasto público conlleva a una rendición de cuentas efectiva que protege vidas y el bienestar de la población.