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Gobierno abierto para dummies: Estado abierto

Introducimos el concepto de Estado abierto y sus implicaciones

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Por Laura Tamia Ortiz. Publicado: 28 de julio de 2021.

Hasta el momento hemos repasado el concepto del Gobierno Abierto y sus pilares (transparencia, participación, rendición de cuentas y datos abiertos). Tenemos una visión global de qué es, por qué es importante y para qué puede servir. En este artículo vamos a revisar otra corriente muy relacionada: el Estado abierto.

Recordemos brevemente qué es el Gobierno Abierto. La Recomendación del Consejo de la OCDE de 2017 lo define como “una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo”, en la misma línea se posiciona la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y otros organismos internacionales, que incluyen matices a esta definición que puedes leer en nuestra entrada: Gobierno abierto para dummies: concepto e implicaciones.

Desde 2011 este concepto y el movimiento para su implementación se ha consolidado en el poder ejecutivo, sin embargo, en muchas ocasiones ha dejado de lado a los gobiernos territoriales, al poder legislativo y al judicial. De la necesidad de incorporar a todas las ramas y niveles de gobierno nace el Estado abierto.

¿Qué es el Estado Abierto?

El Estado abierto surge como una evolución del Gobierno abierto que busca su incorporación integral en todos los organismos de la administración pública. La OCDE lo señala como la suma de Gobierno abierto, Justicia abierta y Parlamento abierto (OCDE, 2018) y, junto con otros organismos internacionales, reconoce que esta noción da cuenta de una forma de relacionamiento o gobernanza transparente, multidireccional, colaborativa y orientada a la participación ciudadana tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracia estatal (Ramírez-Alujas, 2011).

Fuente: OCDE, 2016. Gobierno Abierto. Contexto mundial y el camino a seguir.

Oszlak, uno de los teóricos latinoamericanos actuales reconocidos en la materia, planteó en 2017 que el concepto y sus implicaciones deben ir más allá, pues si solo incluye las áreas propuestas por la OCDE, se dejarían fuera otras instancias institucionales extraestatales o paraestatales, que también deberían transparentar y abrir su gestión, pues utilizan recursos públicos o subsidios estatales. Esto incluye los casos de sociedades con participación estatal, emprendimientos público-privados, fundaciones, beneficiarios de regímenes de promoción, servicios públicos subsidiados y similares.

El Estado abierto implica llevar a cabo acciones con un enfoque inclusivo y requiere de una coordinación del Estado y sus poderes con toda la sociedad. Es decir, se basa en la necesidad de un diálogo constante y en la confianza multidireccional entre diferentes actores, incluyendo a funcionarios y a las personas usuarias de los servicios estatales. Si se implementa correctamente, permite discutir e idear nuevas formas de colaboración y sinergias, para incorporar las necesidades y propuestas de las diferentes poblaciones y sectores que interactúan con las instituciones públicas, en su forma más amplia, en la toma de decisiones.

Supone grandes retos de integración y articulación, así como para la apropiación y utilización efectiva de los instrumentos de transparencia, participación, innovación y rendición de cuentas, por parte de los funcionarios públicos y la ciudadanía, acostumbrados a entornos cerrados y conservadores en sus formas. Tiene en cuenta que las diferentes ramas del poder público deben garantizar su independencia, pero invita a una interacción más activa y transparente. Busca la generación de políticas de Estado que mejoren la confianza y acerquen al Estado a los ciudadanos.

Algunos ejemplos de acciones llevadas a cabo desde el poder legislativo y judicial, que ampliaremos en entradas posteriores, pueden ser la aprobación de leyes de protección a denunciantes, la apertura de canales de comunicación bidireccionales para acercar las decisiones políticas a los ciudadanos, traducción de leyes a un lenguaje más cercano o a lenguas nativas, campañas offline para acercar la justicia y el parlamento a aquellos que no tienen acceso a herramientas digitales o la simplificación de los trámites, con un enfoque centrado en los ciudadanos.

Te invitamos a ver el Webinar organizado por Directorio Legislativo y Open Parliament a finales de 2020, con la participación representantes de Georgia, Canadá, Sierra Leona, Paraguay, y OGP, en el que se discutió cómo los gobiernos y parlamentos trabajan para generar políticas de Estado Abierto.

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