La consulta anticorrupción, aprobada por el Senado colombiano necesita al menos 15 millones de votos. Una vez se cumpla la meta, el Congreso tramitará las normas ordenadas por esta. Estos son los 7 mandatos que deben someterse a votación el próximo 26 de agosto.

 

Tarjetón de la consulta

 

Desde Datasketch quisimos saber si la aprobación de algunos puntos contribuiría a que los periodistas de datos pudiéramos continuar con nuestra labor de luchar por la transparencia en la información y la apertura de los datos.

 

Nos parece valioso resaltar, especialmente en el segundo y tercer punto el tema de la transparencia en la contratación pública, esto debido a que desde nuestro análisis a las contrataciones públicas en Colombia existen ciertos aspectos a mejorar.

 

Respecto al segundo punto nos parece valioso que aquellos que han sido condenados por corrupción y delitos contra la administración pública no tengan más contratos con el Estado, esto debido a que su participación en la contratación levanta muchas banderas rojas sobre posibles irregularidades en este tema por su cuestionamiento de la justicia.

 

Igualmente el tercer punto, que consiste en la obligatoriedad de utilizar condiciones estandarizadas para evitar al máximo la manipulación de los contratos, sería una posibilidad de eliminar o al menos reducir, muchas banderas rojas en la contratación pública, y permitiría procesos más competitivos, controlados y transparentes.

 

El cuarto punto y quinto punto permiten una mayor transparencia en la información para que la sociedad civil esté al tanto y pueda generar control ciudadano sobre las instituciones estatales y sobre quienes fueron elegidos popularmente.

 

El cuarto punto permite que la ciudadanía y la sociedad civil en general estén al tanto del presupuesto de la nación, además de obligar que el proceso presupuestal sea llevado a cabo de la manera adecuada. Y el quinto punto establece la obligatoriedad a los congresistas de presentar su gestión y participación en intereses tanto públicos como particulares durante su legislatura, permitiendo que exista un control ciudadano constante.

 

El sexto punto hace parte de una lucha imparable por la transparencia en la información de muchos periodistas en este país, esta es, la obligación de hacer públicos los datos de patrimonio, intereses y requisitos que cada funcionario elegido popularmente debe dar a conocer a la sociedad civil. Lo que permite saber cuánto dinero y bienes posee quién ejecuta, judicializa y legisla a nombre de todos los ciudadanos.

 

Por eso lo que podemos decir respecto a esta consulta es que puede ayudarnos a seguir luchando a favor de la transparencia en la información, especialmente en la contratación pública, el control ciudadano y la apertura en la información sobre el patrimonio de quienes nos representan.